El proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo impulsa en el marco del Consejo de Mayo introduce cambios profundos en los convenios colectivos y en el régimen sindical argentino. Se propone eliminar la ultraactividad, limitar los aportes obligatorios, acotar la tutela gremial y criminalizar bloqueos y ocupaciones, en lo que diversos sectores gremiales interpretan como la mayor ofensiva contra el sindicalismo desde 1990.
El borrador de reforma (según el sitio Mundo Gremial) propone derogar la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, estableciendo que las cláusulas normativas solo mantendrán vigencia hasta la firma o prórroga de un nuevo acuerdo, mientras que las obligacionales caducarán de forma inmediata sin pacto expreso o intervención estatal.
Esta modificación al artículo 6° de la Ley 14.250 implica que, vencido un convenio, los derechos allí previstos dejarán de tener efecto automático, generando vacíos normativos que obligarán a renegociaciones rápidas bajo riesgo de pérdida de cobertura.
Además, se incorpora una cláusula transitoria que obliga a la Secretaría de Trabajo a convocar a todas las partes en el plazo de 12 meses para renegociar, ratificar o extinguir convenios vencidos, lo que en la práctica supone una revisión masiva de acuerdos sectoriales.
“El esquema busca dinamizar las negociaciones colectivas y adecuarlas a un contexto productivo cambiante”, señalan fuentes del oficialismo.
Los gremios, en cambio, advierten que “se trata de un mecanismo de presión que desarma derechos adquiridos”.
El texto también invierte la jerarquía tradicional de los convenios: los acuerdos posteriores modificarán los anteriores dentro del mismo ámbito, y los convenios de empresa prevalecerán sobre los sectoriales en su territorio o personal.
Este cambio al artículo 19 de la Ley 14.250 abre paso a una mayor descentralización de la negociación colectiva, con mayor flexibilidad para las empresas pero riesgo de fragmentación representativa y condiciones laborales dispares.
Asimismo, se restringen los aportes solidarios solo a trabajadores afiliados, debilitando la financiación de las organizaciones gremiales y su capacidad de negociación.
El paquete también alcanza la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, introduciendo límites severos a la acción directa y a las fuentes de financiamiento.
Entre los puntos destacados:
Estas medidas, según el texto, buscan “transparentar el funcionamiento sindical” y evitar abusos de poder, mientras que las centrales obreras sostienen que representan una “desarticulación de la estructura sindical argentina”.
La reforma crea nuevas figuras de prácticas sindicales desleales, que incluyen desde asambleas que afecten la producción hasta afiliación compulsiva o bloqueos.
El artículo 55 endurece las sanciones: prevé multas de hasta el 20% de las cuotas mensuales, astreintes y hasta la revocación de la personería gremial por reincidencia.
Además, se implementa un procedimiento exprés de encuadramiento sindical, que prohíbe medidas de fuerza durante el trámite y limita las innovaciones del empleador, con resolución directa en Cámara.
La reforma laboral presentada por el Gobierno introduce una redefinición estructural del sistema de paritarias, con el objetivo de hacer las negociaciones más dinámicas y cercanas a la realidad de cada empresa y trabajador. Sin embargo, este cambio también genera un fuerte debate entre quienes ven en la medida una modernización necesaria y quienes advierten riesgos de fragmentación y pérdida de derechos.
Por un lado, el Gobierno y los sectores empresariales sostienen que el nuevo esquema acercará las negociaciones al terreno productivo, permitiendo que las condiciones laborales se actualicen más rápido y se adapten a las particularidades de cada empresa o región.
La eliminación de la ultraactividad —que impedía revisar convenios vencidos durante años— busca agilizar la negociación colectiva, evitar rigideces y recompensar la productividad con mejoras salariales específicas.
Desde esta mirada, las paritarias se vuelven una herramienta más flexible, meritocrática y moderna, capaz de beneficiar a los trabajadores en empresas más competitivas y reducir la conflictividad laboral al promover acuerdos directos y transparentes.
Del otro lado, los sindicatos advierten que este modelo puede debilitar el poder de negociación colectiva y fragmentar las paritarias.
Al priorizar los convenios por empresa sobre los sectoriales, temen que se generen diferencias salariales entre trabajadores del mismo rubro, y que la pérdida de la ultraactividad deje sin cobertura a miles de empleados mientras se renegocian los acuerdos.
Asimismo, la eliminación de los aportes solidarios y las restricciones a las asambleas o medidas de fuerza podrían reducir la capacidad gremial para sostener negociaciones equilibradas, según advierten las centrales obreras.
En síntesis, la reforma propone una paritaria más ágil y descentralizada, donde el diálogo y la productividad ganan peso frente a las estructuras tradicionales.
Pero su implementación abre un nuevo escenario de tensiones, entre quienes buscan modernizar el sistema laboral argentino y quienes reclaman preservar el poder colectivo de los trabajadores.
El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá modernizar las relaciones laborales, estimular la competitividad empresarial y reducir los conflictos gremiales.
Los sindicatos, en cambio, anticipan que el proyecto “rompe la estructura histórica de negociación colectiva”, al reemplazar la paritaria sectorial por acuerdos atomizados y menos favorables.
Con la Ley de Reforma Laboral 2025, el país se encamina a un nuevo paradigma de negociación colectiva, donde la flexibilidad reemplaza a la homogeneidad, y el poder sindical enfrenta su mayor desafío en décadas.