El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso en el marco del Presupuesto 2026 contempla la baja de las cargas patronales y su reemplazo por un Fondo de Cese Laboral. Este fondo actuaría como sustituto de las indemnizaciones, financiado con el ahorro generado por la reducción de contribuciones patronales.
El Gobierno avanza en un cambio estructural del sistema laboral argentino. Según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, la nueva reforma laboral incluirá una baja de las cargas patronales y la creación de un Fondo de Cese Laboral, que reemplazaría las indemnizaciones por despido tradicionales.
“A la reforma laboral le vamos a agregar una baja de cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese”, explicó Caputo en declaraciones al programa de Luis Majul en LN+.
La propuesta busca reducir el costo laboral, aumentar la formalidad y dar previsibilidad a las empresas frente a los despidos, eliminando la incertidumbre judicial y el impacto financiero que hoy generan las indemnizaciones.
De acuerdo con la explicación del ministro, la idea es que el ahorro generado por la baja de las cargas patronales se reasigne al financiamiento del Fondo de Cese, que acumularía aportes mensuales del empleador para cubrir los pagos al momento de la desvinculación del trabajador.
De este modo, la reforma laboral reemplazaría las indemnizaciones por un sistema de capitalización previa, donde los aportes patronales se destinan a un fondo específico que garantiza el pago del cese sin juicios ni costos extraordinarios.
El esquema, similar al que ya rige en la construcción, apunta a brindar certidumbre tanto al empleador como al trabajador. Mientras el primero reduce su carga impositiva y el riesgo judicial, el segundo asegura el cobro inmediato de una compensación en caso de despido.
“Queremos que al empleador le cueste menos contratar y que al trabajador le dé más seguridad”, sintetizó Caputo.
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio que también incluiría nuevos regímenes de empleo, mayores deducciones en el Impuesto a las Ganancias y mecanismos de flexibilidad laboral como el banco de horas y los convenios por empresa.
En conjunto, el proyecto busca modernizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y estimular la creación de empleo formal, un objetivo que, según el ministro, “no se logra desde 2011”.
La propuesta de bajar cargas patronales y crear un fondo de cese apunta a reconfigurar el esquema de costos laborales.
La lógica sería la siguiente: el empleador paga menos al Estado en concepto de cargas sociales, y con ese “ahorro” aporta a un fondo privado o sectorial que cubre el pago por cese.
Antes: alto costo en cargas + riesgo de indemnización elevada y juicios.
Ahora (según la propuesta): menor carga impositiva → aporte al Fondo de Cese → pago garantizado → mayor previsibilidad.
La fórmula combina reducción de costos y seguridad jurídica, dos ejes que el Gobierno considera claves para incentivar la formalidad y la inversión en empleo registrado.
El Fondo de Cese Laboral (FCL) fue creado por la Ley 27.742 como una alternativa optativa al régimen tradicional de indemnización por despido previsto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Solo puede aplicarse cuando:
El empleador realiza aportes mensuales a un vehículo financiero (cuenta, fideicomiso, fondo común de inversión o seguro).
En este esquema, el empleador paga las cargas patronales completas y, si elige implementar el FCL, debe además asumir los aportes al fondo. Es decir, el costo total no se reduce: simplemente se redistribuye el riesgo del despido en aportes periódicos.
El FCL no reemplaza automáticamente la indemnización por despido: opera solo si hay acuerdo colectivo y consentimiento individual. De lo contrario, sigue vigente el régimen tradicional: un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses.
En la práctica, el sistema no se ha generalizado, y su aplicación depende de la negociación entre sindicatos y empleadores.
La propuesta que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, plantea una reforma estructural:
El objetivo es eliminar la doble carga actual (cargas patronales + indemnización) y sustituirla por un único esquema previsible, donde los aportes mensuales de cada empleador cubran automáticamente la compensación del trabajador al momento del despido.
Así, el sistema se transformaría de un modelo optativo a un mecanismo de alcance general, incorporado a la legislación laboral nacional y financiado con la reducción de las contribuciones patronales.