El peronismo presentará esta semana su propuesta alternativa de reforma laboral, elaborada por la Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales del PJ. Incluye reducción de la jornada, derecho a la desconexión digital, regulación de plataformas, más licencias parentales, beneficios para trabajadores estatales y participación en las ganancias.
El Partido Justicialista ultima los detalles de una reforma laboral propia que será presentada este martes en la primera reunión del Consejo del PJ tras la derrota electoral.
El borrador se viene elaborando desde antes del 26 de octubre en la Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales, encabezada por Vanesa Siley, con aportes de “Paco” Manrique, Sergio Palazzo y referentes sindicales. Las mesas sectoriales se vienen reuniendo para avanzar en un documento que permita dar una batalla legislativa con agenda propia.
Uno de los puntos centrales es la reducción progresiva de la jornada laboral. El plan plantea bajar de 8 a 7 horas diarias, y avanzar luego hacia 6 horas, en línea con las transformaciones tecnológicas y el impacto de la inteligencia artificial.
Siley sostiene que es “lógico y posible que en un mundo de mayor productividad se trabaje menos y no más”.
El segundo eje es la incorporación del derecho a la desconexión digital en la Ley 11.544. La idea es limitar la disponibilidad fuera del horario laboral y garantizar el tiempo de descanso ante mails, llamadas o mensajes por aplicaciones de mensajería.
Otro capítulo clave es el establecimiento de una ley de cuidados para personas que trabajan en plataformas digitales. La propuesta fija un marco regulatorio común, reconoce la libertad horaria, obliga a crear estaciones sanitarias y prohíbe los bloqueos arbitrarios de cuentas. Además, asegura derechos básicos como vacaciones, seguro de riesgos del trabajo y condiciones mínimas de formalidad.
También se trabaja en una ampliación de las licencias parentales. Existen propuestas de 15, 30 y 45 días para padres, además de otras que buscan equiparar progresivamente este derecho al de maternidad. Aún no hay consenso, pero el tema será parte central del debate interno.
La reforma peronista suma además dos iniciativas históricas del movimiento obrero: la participación de los trabajadores en las ganancias y la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en todos los establecimientos.
Los responsables del borrador admiten que la propuesta no busca crear empleo inmediato, a diferencia del planteo oficial. “El empleo lo define el modelo económico, no la ley laboral”, remarcan.
Como ejemplo, citan que la reforma laboral de la Ley Bases —que eliminó multas por informalidad— no produjo más empleo. Según el CEPA, hay 276.624 trabajadores registrados privados menos que hace un año.
En paralelo, el diputado Eduardo Valdés presentó una iniciativa para blindar la estabilidad laboral en el Estado. El proyecto establece que, tras 10 años de trabajo continuo, el empleado público debe tener garantía de indemnización ante despido injustificado.
Valdés calificó como "paradójico" que el Estado exija al sector privado cumplir con las indemnizaciones pero él mismo despida tras décadas sin pagar nada. “Es tiempo de reparar esa injusticia”, afirmó.
Mientras el PJ prepara su propuesta, el Gobierno de Javier Milei negocia con gobernadores de Fuerza Patria, en especial Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), para fragmentar la oposición en el Congreso.
El objetivo oficial es avanzar con el presupuesto y, luego, con sus reformas laboral y tributaria, posiblemente a inicios de 2026.
En este contexto, el PJ busca llegar a las sesiones extraordinarias con una alternativa integral que le permita disputar el debate público y evitar el encasillamiento en un rol de oposición “negativa”.