La Justicia respaldó a la Superintendencia de Servicios de Salud y ahora las empresas de medicina prepaga están obligadas a retrotraer los aumentos y a devolver lo cobrado por fuera de los índices del IPC.

En una decisión trascendental, la Justicia se pronunció a favor de la Superintendencia de Servicios de Salud en su acción legal contra las empresas de medicina prepaga. Esta medida, emitida el pasado viernes, ordena a las compañías retrotraer los aumentos aplicados desde el 1º de diciembre de 2023, los cuales excedían los límites marcados por la inflación. Además, se les exige devolver cualquier monto cobrado por encima de los índices del IPC.

El fallo, que afecta a un conjunto de 23 empresas representativas que abarcan al 95% de los usuarios de medicina prepaga, establece medidas concretas:

• Se anulan los aumentos implementados a partir del 1º de diciembre de 2023.
• Las empresas deben ajustar las cuotas al valor vigente el 1º de diciembre de 2023, actualizándolas conforme al índice de precios al consumidor publicado por el INDEC.
• Se otorga un plazo de cinco días para que las empresas presenten un plan detallado sobre cómo procederán para reembolsar los montos cobrados en exceso a los usuarios.

El contexto que rodea este fallo se relaciona con la desregulación del sistema de salud mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el Gobierno Nacional. Este decreto buscaba promover la libertad de elección entre Obras Sociales y Prepagas, así como fomentar la competencia justa entre los distintos actores del sector.

Sin embargo, en los últimos meses, varias empresas del rubro, aprovechando su posición privilegiada gracias a subsidios recibidos en años anteriores, intentaron compensar atrasos en los precios. Estos atrasos surgieron de acuerdos previos con el gobierno anterior, donde se pactaba no aumentar las cuotas a cambio de otros beneficios.

Según el Gobierno, estas acciones, concertadas entre las principales empresas del sector, perjudicaron a millones de argentinos y pusieron en riesgo la estabilidad del sistema de salud en el país.

Tanto el Ministerio de Salud como la Superintendencia de Servicios de Salud continúan trabajando arduamente para reestructurar el sistema de salud. Su objetivo es garantizar la competencia leal entre las empresas y que los beneficiarios puedan ejercer su derecho de elección en libertad, indica un Comunicado oficial.